Nota 12: Sobre el coste de operar RIPE NCC — y por qué las cuotas de membresía deberían reducirse radicalmente
El coste de operar RIPE NCC se ha convertido en una controversia recurrente, y con razón. Para evaluarlo correctamente, debemos partir de los primeros principios: qué hace realmente un Registro Regional de Internet y cuál es su función.
El mandato principal de RIPE NCC es limitado. Opera una base de datos de registro para direcciones IP y números de Sistemas Autónomos (AS), y gestiona RPKI para autenticar información de enrutamiento. Técnicamente, esto no es complejo. La base de datos de registro en sí misma tiene solo unos pocos cientos de megabytes, y RPKI es un servicio operativo bien definido. Todo lo demás —programas de formación, grandes conferencias, plataformas de medición, amplios viajes e infraestructura de participación comunitaria— es complementario, no fundamental.
Sin embargo, el presupuesto proyectado de RIPE NCC para 2024 es de 38,2 millones de euros. De esa cantidad, aproximadamente 9,6 millones se destinan a los servicios centrales del registro, y alrededor de otros 10 millones cubren soporte operativo básico como recursos humanos, asuntos legales e instalaciones. Incluso sin medidas agresivas de eficiencia, RIPE NCC podría operar sus funciones esenciales con aproximadamente la mitad de su presupuesto actual. En otras palabras, las cuotas de membresía podrían reducirse al menos un 50% simplemente centrándose en lo que el registro realmente está destinado a proporcionar.
Los 20 millones restantes financian servicios de “valor añadido”: plataformas de información, reuniones, formación, divulgación y viajes. Algunos de estos servicios son útiles; otros son excelentes. Pero la utilidad no justifica su inclusión en una cuota obligatoria. Las cuotas de los RIR funcionan como un impuesto de facto sobre el acceso a Internet, pagado indirectamente por cada usuario final. Cuando una cuota es obligatoria, la equidad exige que se minimice y se limite estrictamente a funciones esenciales.
Esto es importante porque la región de servicio de RIPE no es homogéneamente rica. Incluye países en conflicto, economías en transición y comunidades donde unos pocos cientos de euros representan una carga significativa. Cobrar a operadores en esas regiones para subsidiar viajes globales, conferencias y servicios que quizá nunca utilicen no es equitativo ni defendible.
La solución es sencilla. Los servicios centrales del registro —registro y RPKI— deberían financiarse mediante la cuota obligatoria de membresía, y nada más. Todas las demás actividades deberían separarse y financiarse mediante mecanismos voluntarios: patrocinios, donaciones, tarifas por uso o fundaciones independientes. Así es como operan responsablemente las organizaciones sin ánimo de lucro en cualquier otro sector. Si servicios como RIPE Atlas, RIPEstat, la formación o las reuniones aportan valor real, no faltarán grandes operadores y patrocinadores dispuestos a financiarlos directamente.
La misma lógica se aplica a los viajes y eventos. Las reuniones comunitarias son valiosas, pero no necesitan financiarse mediante un gravamen general a todos los miembros. Las grandes empresas de telecomunicaciones y los participantes que asisten pueden financiarlos fácilmente mediante patrocinios o cuotas de participación. La infraestructura esencial no debería depender de la expansión burocrática.
El debate no debería centrarse en cómo reequilibrar las cuotas o quién paga más. Debería centrarse en la disciplina del alcance. Eliminar todo lo que no sea esencial, reducir las cuotas al nivel más bajo posible y permitir que los servicios opcionales se sostengan por sus propios méritos. Esa única decisión restauraría inmediatamente la equidad, reduciría las barreras de participación y obligaría a RIPE NCC a alinear su estructura con su mandato.
Eso es lo que los miembros deberían exigir.
