Nota: 28 Por qué los registros nunca deben convertirse en organismos de aplicación

El papel de un registro es administrativo, no punitivo. Confundir estas dos funciones es uno de los errores más peligrosos en la gobernanza de Internet.

Un registro existe para mantener registros precisos: quién está utilizando qué número y bajo qué procedimientos documentados. Es, en esencia, una libreta de direcciones. Pedirle a una institución de este tipo que vigile el comportamiento, imponga sanciones o “castigue” a los participantes es un error de categoría. No se usa una libreta de direcciones como instrumento de aplicación de la ley.

Retener o revocar un servicio fundamental de registro —como asignar o mantener una dirección— porque una organización “hizo o no hizo X” es irracional y no tiene precedentes en ningún sistema responsable. Es equivalente a negarse a dar una dirección postal a una casa en lugar de contactar a las fuerzas del orden o seguir los canales legales adecuados. Ningún marco de gobernanza creíble opera de esa manera.

Esto no es un argumento contra las reglas. Las reglas son esenciales. El cumplimiento importa. Pero las reglas que conllevan consecuencias deben ser definidas y aplicadas por sistemas legales soberanos: tribunales, reguladores y gobiernos. Un registro voluntario no tiene autoridad soberana. No puede actuar como policía, fiscal y juez al mismo tiempo. Cuando intenta hacerlo, socava su propia legitimidad y la confianza de las redes que dependen de él.

Gran parte de la confusión actual proviene de mezclar dos dominios fundamentalmente distintos:

• Plataformas comunitarias (listas de correo, foros, grupos de trabajo)
• Administración de recursos de numeración (la función de registro)

Un registro puede moderar sus listas de correo o gestionar la participación en discusiones comunitarias. Eso es un asunto interno de plataforma. No tiene relación con los recursos de numeración.

La administración de recursos de numeración se sitúa en otra capa legal, operativa y de gobernanza. La autoridad allí es administrativa, no discrecional. Un registro no puede “expulsar” a alguien de la tenencia de recursos de numeración porque desaprueba su conducta, no comparte sus opiniones o se siente presionado por una parte de la comunidad. El hecho de que un registro pueda moderar una discusión no le otorga el poder de convertir la libreta de direcciones en un arma.

No separar estas capas conduce directamente a la inestabilidad. La infraestructura esencial de Internet se trata como un problema de moderación de redes sociales, donde el acceso puede revocarse en función de la percepción, la interpretación o la política interna. Así es como se destruye la confianza.

Este riesgo se amplifica por la realidad del llamado modelo “comunitario”. En la práctica, consiste en un grupo pequeño y autoseleccionado de participantes activos —a menudo unas pocas docenas de personas— que no son representativos del conjunto global de miembros ni responden ante un público más amplio. Sin embargo, sus opiniones pueden afectar a redes que operan en entornos legales, culturales y políticos muy distintos. Desde Arabia Saudita hasta los Países Bajos, las normas de gobernanza y las expectativas legales divergen profundamente. Esperar que un grupo tan reducido defina y aplique reglas como si tuviera legitimidad universal es poco realista.

Lo que comenzó hace décadas como un mecanismo voluntario de coordinación se ha convertido en parte de la infraestructura crítica de Internet global. En ese contexto, la antigua idea de “podemos dejar de jugar contigo” ya no aplica. Deben regir principios de acceso universal y no discriminatorio.

La separación correcta de funciones es clara:

• Los registros mantienen los registros y ejecutan transferencias según procedimientos definidos.
• La aplicación de normas y el castigo, cuando corresponda, pertenecen exclusivamente a las autoridades soberanas.

Cuando un registro excede su mandato y utiliza funciones administrativas esenciales como palanca, no crea rendición de cuentas: crea imprevisibilidad e invita al abuso.

El principio es simple pero no negociable:

Las entidades administrativas deben permanecer dentro de su mandato, y la infraestructura crítica nunca debe depender de las opiniones o preferencias de unos pocos individuos, por bien intencionados que sean.

Esa distinción no debe difuminarse.