Nota 10: Sobre la estructura de costes de los Registros Regionales de Internet
En conjunto, los Registros Regionales de Internet emplean a cientos de personas en todo el mundo y operan con presupuestos anuales de cientos de millones de dólares, todo ello financiado mediante cuotas obligatorias de membresía. Este modelo de financiación existe porque los RIR poseen un monopolio de facto sobre el registro de recursos de numeración. La cuestión es si esta escala de gasto está justificada por su función real.
En su núcleo, un RIR realiza una sola tarea: mantener una base de datos de registros. Esa base de datos es pequeña —del orden de unos pocos gigabytes— y técnicamente trivial de operar. Aislada, esta no es una función compleja ni costosa. La razón por la que los RIR crecieron en tamaño es histórica. En los años 90, se les encargó la distribución equitativa de direcciones IPv4, lo que requería que los “hostmasters” evaluaran necesidades y previnieran abusos. Con el paso de las décadas, a medida que esa función disminuía, las instituciones se expandieron lateralmente: programas de formación, conferencias globales, reuniones comunitarias que implican numerosos viajes y grandes estructuras administrativas.
El resultado es un desajuste entre función y coste. Cada usuario de Internet, a través de su proveedor de servicios, paga en la práctica una cuota obligatoria a cinco organizaciones privadas simplemente para obtener una dirección IP. Esto funciona como un impuesto global a la conectividad. Cuando un coste es obligatorio y universal, la expectativa ética es su minimización. En la práctica, ha ocurrido lo contrario. Como en muchos sistemas burocráticos, el poder monopolístico ha permitido la expansión en lugar de la contención.
Esta carga recae de forma desproporcionada en los usuarios más pobres. Un niño en una escuela rural del sudeste asiático, que vive con un dólar al día, contribuye indirectamente a financiar viajes internacionales, conferencias y gastos administrativos de los que nunca se beneficiará. En algunas regiones, los registros gastan millones al año solo en trasladar personal entre continentes para asistir a reuniones, mientras que operadores en zonas remotas tienen dificultades para justificar incluso las tarifas básicas necesarias para mantenerse conectados.
Muchos miembros no son conscientes de este desequilibrio. Saben que el registro proporciona direcciones IP, pero pocos entienden cuánto del presupuesto se destina a actividades no esenciales. En algunos casos, el coste real de mantener la función de registro ha sido una pequeña fracción del gasto total, mientras que la mayor parte se consume en conferencias, comunicaciones y auto-mantenimiento institucional.
Esto no es sostenible ni justo. La infraestructura esencial debería ser ligera, predecible y centrada estrictamente en su mandato. Los miembros —especialmente en regiones desatendidas— deberían cuestionar en qué se gastan sus cuotas, participar en la gobernanza y votar en consecuencia. La rendición de cuentas es el requisito mínimo. La pregunta a largo plazo es si este tipo de instituciones centralizadas y de alto coste son siquiera necesarias en el futuro.
Como mínimo, la gobernanza de los registros debe enfrentar una realidad simple: la infraestructura crítica de Internet no debería financiarse extrayendo el máximo “alquiler” de los usuarios más remotos y menos poderosos del planeta.
