El Internet suele discutirse como si fuera un territorio que puede ser poseído, controlado o conquistado. Esto es un malentendido fundamental.

Una analogía útil es la de una ciudad. Cada casa necesita una dirección para que las personas, el correo y los servicios puedan llegar a ella. En Internet, las computadoras y las redes son las casas, y las direcciones IP son esas direcciones. A medida que la ciudad crece, alguien debe mantener una libreta de direcciones neutral—simplemente registrando qué número está en uso y por quién, para que el tráfico pueda llegar a su destino.

Esa es la única función de los Registros Regionales de Internet. AFRINIC, en el caso de África, no es más que eso: una libreta de direcciones.

El guardián de una libreta de direcciones no es dueño de las casas.

No controla las calles.

No manda sobre los residentes.

Solo registra números.

Una vez que esto se entiende, la retórica de la “soberanía digital” se derrumba. La idea de que se puede controlar el Internet africano controlando AFRINIC es equivalente a creer que robar una guía telefónica te da poder sobre cada llamada telefónica. No solo es incorrecto, sino conceptualmente infantil.

AFRINIC no ejecuta Internet. No controla países, redes o usuarios. Funciona únicamente porque las redes cooperan voluntariamente con un registro neutral. En el momento en que deja de ser neutral, deja de ser confiable y, por lo tanto, deja de funcionar.

Esta distinción importa porque en los últimos años ha habido intentos de politizar AFRINIC bajo el lema de la “soberanía digital”. Esa frase suena poderosa, pero describe una fantasía. África no es una única entidad política. Está compuesta por 54 estados soberanos con sistemas legales divergentes, intereses en conflicto y, en muchos casos, hostilidad geopolítica abierta entre ellos. La idea de que un continente así podría aceptar una “autoridad digital suprema” centralizada está desconectada de la realidad.

Más importante aún, el propio Internet es estructuralmente incompatible con esa visión. Fue diseñado para ser descentralizado, sin permisos y resiliente precisamente porque ningún actor único puede controlarlo. Intentar imponer un control político de arriba hacia abajo sobre un registro de direcciones no crea soberanía; destruye la confianza. Y sin confianza, Internet se fragmenta.

Nuestra participación en AFRINIC siguió esta lógica, no una agenda política. Cuando direcciones IP que daban servicio a cientos de millones de usuarios finales estuvieron amenazadas con ser revocadas sin base legal, el problema no fue estratégico sino de prevención de daños. Cuando AFRINIC entró en un vacío de gobernanza, el problema no fue de poder sino de supervivencia institucional. Y cuando la influencia política comenzó a interferir con la neutralidad ordenada por tribunales, el problema se volvió constitucional: la separación de poderes no es opcional si una institución quiere seguir siendo creíble.

AFRINIC solo puede existir como un bibliotecario neutral. En el momento en que se lo trata como una herramienta de ambición estatal o dominación continental, deja de ser útil para las redes a las que debe servir.

No se gobierna Internet por mandato.

No se construye por la fuerza.

Y no se logra la “soberanía digital” politizando una libreta de direcciones.

Internet funciona porque nadie lo posee. AFRINIC funciona solo si lo recuerda.