La revisión del ICP-2 representa una oportunidad para corregir una debilidad estructural en la gobernanza de Internet: la falta de portabilidad garantizada de los recursos numéricos. La portabilidad significa que una red debe tener el derecho incondicional de trasladar sus direcciones IP o sus ASN de un Registro Regional de Internet (RIR) a otro. Esto no debería ser opcional, condicional ni discrecional; debe constituir un requisito obligatorio incorporado en el ICP-2. Sin portabilidad, las redes quedan, en la práctica, vinculadas al RIR en el que se registraron inicialmente y se ven obligadas a asumir las consecuencias de los fallos de gobernanza o de las deficiencias operativas de dicho registro. Esa dependencia genera un riesgo sistémico para el propio Internet.

La portabilidad trata, fundamentalmente, de autonomía y resiliencia. Las redes deben conservar el control de sus recursos de manera independiente de cualquier registro en particular. Además, la portabilidad introduce una verdadera rendición de cuentas: si los miembros pueden marcharse, los RIR se ven obligados a mantener la calidad del servicio, la neutralidad y la competencia operativa. Un registro que funcione mal no debería poder mantener cautivos a sus miembros. En casos de fallos graves, la portabilidad debería actuar como un mecanismo de respaldo inmediato y exigible a nivel de la NRO o de ICANN, de forma similar a como los titulares de dominios pueden transferir sus dominios fuera de un registro que esté fallando.

No se trata de añadir complejidad a las políticas. Se trata de incorporar una válvula de seguridad a un sistema que actualmente carece de ella. Hacer que la portabilidad sea obligatoria protegería a las redes, reduciría los daños causados por fallos institucionales y alinearía la gobernanza de los recursos numéricos con la naturaleza descentralizada de Internet. Un pequeño cambio en el ICP-2 —considerar la portabilidad como un derecho irrenunciable— establecería un precedente claro: la gobernanza de Internet debe poner a las redes en primer lugar, preservar la autonomía y garantizar la rendición de cuentas mediante la estructura, no mediante promesas.